Vivienda duplicó el valor de los pisos de Badia del Vallès para evitar el escándolo por fraude.
La Generalitat aprobó el pasado mes de febrero una modificación del régimen de la vivienda protegida de Badia del Vallès (que afecta a los 5.372 pisos del municipio) que, en la práctica, supone duplicar el valor de todas las viviendas de la localidad. La extraodinaria medida se adoptó cuando empezó a aflorar el fraude en la venta de pisos protegidos muy por encima de su precio legal y que pretende ayudar a las entidades financieras a mitigar las cuantiosas pérdidas que iban a sufrir, y para evitar el escándalo que provocaría una catarata de desahucios a personas que eran víctimas de una ilegalidad.
El fraude en la venta de pisos protegidos se vio favorecido por el bajo precio legal de los pisos de Badia (viviendas de régimen especial, con un valor oficial el 50% por debajo de las viviendas protegidas normales) que no podían venderse por encima de los 40.000 euros según fijaba la ley.
Sus dueños, sin embargo, las sacaron al mercado por cantidades que multiplicaban por cinco su precio legal. Para que ello fuera posible, los propietarios debieron contar con la complicidad (por acción u omisión) de empresas inmobiliarias, cajas -que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros por pisos que valían 40.000 euros- y de la Administración, porque sirvieron para pagar en dinero negro notarios y a la propia Generalitat, que a través de su organismo público de vivienda (Adigsa) debía velar parar evitar estos fraudes.
Pero en los años de la especulación cientos de personas acabaron comprando los pisos con unas hipotecas que no iban a poder pagar. Con la crisis, la situación en Badía se fue haciendo insostenible: uno tras otro, los compradores perdieron el trabajo e, incapaces de pagar la hipoteca, el desahucio se perfiló como la única alternativa en su horizonte. A principios de año, 80 familias estaban en esta situación y la cifra amenazaba con multiplicarse.
Para las cajas -principalmente Caixa Catalunya, hoy CatalunyaCaixa, Caixa Penedès y Cajamadrid- la situación no era mucho mejor. De las incobrables hipotecas de 200.000 euros que habían concedido apenas iban a recuperar los 40.000 que, legalmente y sobre el papel, valían los pisos de Badía.
Debido a los desalojos inminentes, con el consiguiente escándalo y conflicto social, un acuerdo entre la Generalitat y CatalunyaCaixa establece que la entidad se queda con los pisos, perdona a los compradores las hipotecas pendientes y les cobrará un alquiler.
Las grandes pérdidas que iban a sufrir CatalunyaCaixa y las otras entidades, se ven así paliadas por la modificación de un decreto de la Generalitat que duplica el valor de los pisos y, por tanto, los activos que las entidades pueden incluir en sus cuentas financieras.
Esta decisión solo sirve para reducir "las pérdidas de las cajas, que se habrían quedado un piso que no vale casi nada", asegura Alternativa d'Esquerres per Badia. "Los bancos participan en el fraude concediendo hipotecas irresponsables, pero una vez más, no se les hace pagar los platos rotos, sino que son asistidos por la Administración", agrega Ada Colau, del Observatorio Desc.
Además, la revalorización de los pisos de Badia beneficia a todos menos a las familias afectadas. "El hecho de que se duplique el valor del piso significa que estas personas han gozado de un incremento patrimonial y, Hacienda les reclamará el pago de los impuestos correspondientes a pesar de que la vivienda dejará de ser suya porque se la quedará el banco", señala Colau.
La Generalitat y CatalunyaCaixa ya han previsto la “solución”: el acuerdo establece que la caja dará créditos a las familias para pagar estos impuestos.
Marta Costa-Pau (article publicat a El País el 5/11/10)
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